Su llegada a la Fiscalía representa una fase de consolidación dentro de un proyecto más amplio de reorganización del Estado.
Por: La Palabra Política.
CDMX 18 de febrero del 2026.
En el escenario político actual, donde la disputa por la narrativa pública es tan intensa como la disputa institucional, el ejercicio de la justicia se ha convertido en uno de los frentes más observados y presionados del Estado. En ese contexto se posiciona Ernestina Godoy Ramos, al frente de la Fiscalía General de la República, en una etapa marcada por reestructuración interna, escrutinio permanente y confrontación mediática.
Su llegada al cargo no responde a coyunturas accidentales, sino a una trayectoria jurídica y política que la ha colocado como una figura orientada al fortalecimiento institucional, el combate a la corrupción y la disciplina procesal dentro del aparato de procuración de justicia. Sin embargo, toda transformación institucional activa resistencias: los ajustes administrativos, las decisiones operativas y las investigaciones sensibles inevitablemente generan polarización y amplificación mediática de cada error o controversia.
Más allá del ruido informativo, el eje central de su gestión se enfoca en reorganizar la institución sin romper su funcionamiento esencial, apostando por el orden jurídico, la profesionalización y el apego estricto a la legalidad. En un país donde la credibilidad del sistema de justicia ha sido históricamente cuestionada, la consolidación de procesos más técnicos y menos discrecionales representa una apuesta estratégica de largo alcance.
La figura de Ernestina Godoy se encuentra hoy en el punto donde convergen presión política, expectativa pública y construcción institucional. Su desafío no es evitar la crítica —inevitable en cualquier posición de poder—, sino demostrar que la consistencia en la aplicación de la ley puede sostenerse incluso en medio del fuego cruzado mediático. En esa consistencia se juega no sólo su gestión, sino parte de la credibilidad futura del sistema de justicia mexicano.
