Política

México ante el umbral del cambio judicial: ¿Renovación o riesgo?

¿Habrá participación ciudadana genuina o solo una simulación democrática ?

Por: La Palabra Política.
CDMX, 26 de mayo del 2025.

En el corazón de un país que lleva décadas exigiendo justicia, la inminente elección del nuevo Poder Judicial en México se presenta como uno de los movimientos más trascendentales –y a la vez más polémicos– del sexenio actual. El gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha lanzado lo que muchos consideran su última gran apuesta política: una reforma profunda que plantea elegir mediante voto popular a ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

La iniciativa ha provocado un torbellino de opiniones. Juristas, académicos, analistas políticos, abogados, actores sociales, organismos internacionales y partidos de oposición han reaccionado con posturas encontradas. Mientras unos celebran el intento por democratizar una de las instituciones más herméticas y elitistas del país, otros advierten que esta reforma no erradica la corrupción judicial, sino que podría institucionalizar una nueva forma de control político.

¿Justicia popular o populismo judicial?

La narrativa oficial se ha centrado en una promesa largamente pospuesta: terminar con la impunidad y limpiar de corrupción al sistema judicial. Las críticas ciudadanas a ministros que ganan sueldos exorbitantes, que han frenado reformas clave y que se perciben distantes del pueblo, han abonado el terreno para esta propuesta. La indignación social ha sido el catalizador perfecto para abrir la discusión sobre una reforma de gran calado.

Sin embargo, las preguntas incómodas no tardaron en surgir:
¿Está la ciudadanía preparada para elegir magistrados en una boleta electoral?
¿Con qué criterios se elegirán a los candidatos?
¿Quién los postulará?
¿No existe el riesgo de que el Poder Judicial se convierta en una extensión del poder político de turno?

MORENA: árbitro y jugador.

Los tiempos no son casuales. Con un Congreso dominado por la coalición de Morena, y con las elecciones federales del 2024 a punto de consolidar aún más ese dominio, el terreno está fértil para implementar la reforma judicial sin contrapesos reales. San Lázaro y la Cámara de Senadores han demostrado que la maquinaria morenista avanza sin titubeos cuando se trata de consolidar el proyecto político de la 4T.

Para muchos analistas, el mayor beneficiario de esta elección judicial será el propio partido en el poder. Con la posibilidad de moldear un nuevo Poder Judicial a su imagen y semejanza, el riesgo de politización crece exponencialmente. En un escenario así, el discurso anticorrupción podría convertirse en una retórica vacía, y la independencia judicial, uno de los pilares de cualquier democracia, quedaría severamente comprometida.

Una encrucijada histórica.

México se encuentra en un punto de inflexión institucional. Esta decisión no es menor: redefine el equilibrio de poderes, redibuja la arquitectura del Estado, y marca el tono con el que se impartirá justicia en las próximas décadas.

Los medios de comunicación, las redes sociales, las plataformas digitales, y los foros académicos han sido testigos de un debate encendido, que toca fibras sensibles y abre heridas históricas. El poder judicial ha sido durante años una caja negra, donde las decisiones se tomaban a puerta cerrada. Hoy, esa caja está a punto de abrirse… pero no hay certeza sobre quién tendrá la llave.

¿Renovación o continuidad del mismo vicio?

La gran interrogante que flota en el ambiente es clara: ¿este cambio será el principio del fin de la corrupción judicial, o una transformación cosmética que terminará ahondando el problema? La respuesta, como en toda democracia, solo la dará el tiempo… y el escrutinio ciudadano.

No es poca cosa lo que está en juego. No se trata solo de jueces o magistrados. Se trata del futuro mismo del país. De su capacidad para dirimir conflictos sin violencia, de garantizar derechos, de limitar el poder y proteger a los más vulnerables.

Una elección inevitable.

Todo indica que la elección se llevará a cabo. El calendario legislativo, la voluntad presidencial y la alineación del Congreso así lo auguran. La duda ya no es si se hará, sino cómo se hará. ¿Habrá reglas claras? ¿Habrá participación ciudadana genuina o solo una simulación democrática?

Mientras tanto, la sociedad mexicana observa con una mezcla de esperanza y temor. Porque en esta apuesta, lo que está en juego no es solo una reforma, sino el alma misma del Estado de Derecho en México.

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