La verdadera transformación de este proceso apenas comienza.
Por: La Palabra Política.
CDMX, 3 de junio del 2025.
La reciente elección al Poder Judicial representa un antes y un después en la historia democrática de México. Por primera vez, los ciudadanos tuvieron la oportunidad de elegir directamente a quienes impartirán justicia en el más alto nivel, rompiendo con un esquema que se mantenía bajo llave durante décadas. Esta apertura, en principio, debería generar entusiasmo entre quienes anhelan un sistema más transparente y cercano a las demandas sociales; sin embargo, los retos que se vislumbran ponen en tela de juicio si, en efecto, esta reforma cumplirá con las esperanzas de un cambio profundo o si quedará atrapada en los viejos esquemas de poder.
En el contexto de nuestra historia política, el Poder Judicial había operado siempre con una discreción casi hermética. Desde los años ochenta, las designaciones se decidían entre comisiones internas y cúpulas de partidos, y muchas veces las influencias políticas y los intereses de grupos privilegiados pasaban inadvertidos para el ciudadano de a pie. La promesa de la Cuarta Transformación era abrir esa “caja negra”, permitir que el votante conociera quiénes aspiraban a integrarse a la Suprema Corte y a los tribunales superiores, para juzgar con sus propios criterios la trayectoria, la ideología y la honestidad de cada candidato. Esa idea, sin duda, era atractiva: nadie niega que sea legítimo que un juez o magistrado cuente con el respaldo de la ciudadanía y no únicamente con el aval de un partido o de círculos de poder.
Esa misma legitimidad de origen es, sin embargo, uno de los principales desafíos que enfrenta la reforma. Convertir a los impolutos aspirantes en figuras públicas sometidas al escrutinio masivo puede generar conflictos de interés o presiones, especialmente si en el proceso electoral destacan alianzas con grupos políticos o movimientos que pretenden conservar influencia. Para muchos votantes, a la hora de marcar la boleta bastaba con un nombre sonoro o con la recomendación de un líder local; pocos contaron con la paciencia o el conocimiento técnico para evaluar la verdadera capacidad de cada aspirante. En esos casos, la elección se asemejó a cualquier otra contienda electoral: ganó quien supo proyectar mejor su imagen o quien recibió el apoyo visible de figuras mediáticas. La paradoja es evidente: mientras que la reforma judicial pretendía alejarse de la politización, en la práctica corrió el riesgo de amplificarla.
Aun así, no puede negarse que la experiencia dejó aciertos valiosos. Por primera vez se obligó a los aspirantes a comparecer en foros públicos, a explicar ante la sociedad sus métodos de interpretación de la Constitución, sus valores éticos y sus compromisos con la lucha contra la impunidad. Esa visibilidad ciudadana deja una semilla: el Poder Judicial ya no será un ente ajeno a la opinión pública. Sus integrantes saben que, tarde o temprano, sus decisiones quedarán sometidas al escrutinio de quienes los eligieron, y eso puede incentivar una mayor responsabilidad en cada sentencia. Si un juez entiende que su reputación depende de cumplir los estándares mínimos de transparencia, eventualmente cederán los privilegios que antes se disfrazaban bajo la “autonomía judicial”. Esa presión social, por más incipiente que parezca, es el germen de la rendición de cuentas.
Sin embargo, es necesario reconocer que el experimento tuvo limitaciones notables. La complejidad técnica de las funciones judiciales no es fácil de transmitir en los debates o en los videos de campaña. Elegir a un ministro requiere más que simpatías; exige conocer su trayectoria académica, su experiencia en tribunales especializados y su capacidad para interpretar el entramado jurídico en casos de alta complejidad. Esa información no siempre llegó a la ciudadanía. En algunos estados, los candidatos ofrecían discursos genéricos sobre “justicia cercana” sin detallar propuestas concretas de reforma procesal o de protección de derechos fundamentales. La reforma generó, entonces, un tipo de “voto de reputación” más que un análisis profundo de capacidad, y eso pone en riesgo la idea de que los magistrados electos realmente representen a la ciudadanía en su dimensión técnica.
Otro factor a considerar es el costo y la logística del proceso. Organizar una elección tradicional para presidente municipal o gobernador es ya en sí un reto, pero sumar una boleta adicional con perfiles extensos y debates especializados requiere recursos extraordinarios. Desde la impresión y distribución de boletas hasta la capacitación de funcionarios electorales en materia judicial, el proceso demandó un despliegue logístico pocas veces visto. Algunos críticos señalan que esos recursos podrían haberse invertido en fortalecer instituciones ya existentes: en aumentar los salarios judiciales para evitar la corrupción, o en reforzar la capacitación de jueces y ministerios públicos. Existe la duda de si, en lugar de invertir en un acto electoral masivo, habría sido más eficiente mejorar las condiciones internas del Poder Judicial. Sin embargo, el costo político de mantener el modelo antiguo era mayor: un juez nombrado a puerta cerrada difícilmente habría recuperado la confianza ciudadana.
Mirando hacia el futuro, la gran incógnita es si la reforma logrará incidir en la calidad de las resoluciones. La gran responsabilidad recae ahora en los nuevos magistrados: deben demostrar, con su trabajo diario, que la elección popular fue más que un acto simbólico. Tendrán que elaborar sentencias imparciales en casos de corrupción, fortalecer los tribunales de derechos humanos y garantizar la independencia de jueces locales frente a presiones políticas. Además, es urgente crear mecanismos de evaluación continua: no basta con haber sido electo; se requiere un sistema de supervisión ciudadana permanente que analice el desempeño judicial y denuncie posibles desviaciones éticas. Sin ese contrapeso, la “elección judicial” puede convertirse en simple anécdota histórica sin transformar la práctica cotidiana.
Las próximas elecciones estatales serán la prueba de fuego. Si los ciudadanos ven que sus votos lograron colocar en tribunales a jueces capaces, imparciales y comprometidos, la confianza en el sistema irá en aumento. Pero si perciben que los elegidos se alejan de sus promesas o que ceden ante viejas prácticas de favoritismo, la reforma habrá dejado más dudas que certezas. El Poder Judicial necesita legitimidad y visión técnica; requiere de un equilibrio entre la voluntad popular y la formación especializada.
En última instancia, la elección judicial muestra que la democratización de la justicia es un proceso lleno de contradicciones: por un lado, abre puertas y visibiliza candidaturas; por otro, expone las tensiones entre política y técnica. El reto no está solo en haber votado, sino en saber exigir, conocer y vigilar a quienes, con sus sentencias, definen el rumbo de nuestra democracia. Si logramos mantener viva esa vigilancia ciudadana, la reforma habrá cumplido su propósito: arrancar al Poder Judicial de las sombras y colocarlo en la luz, donde no pueda escapar al escrutinio de quienes depositaron su confianza en las urnas. La verdadera transformación de este proceso apenas comienza.
