Se prioriza la información, el análisis y la coordinación interinstitucional.
Por: La Palabra Política.
CDMX, 8 de julio del 2025.
El 1 de octubre de 2024 marcó un punto de inflexión en la política de seguridad nacional de México. Con la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se consolidó un cambio de timón largamente anticipado en la estrategia para combatir el crimen organizado. Al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Maestro Omar García Harfuch ha asumido el desafío con un enfoque que, desde sus primeros compases, se distancia radicalmente de las políticas de sexenios anteriores, especialmente de la criticada consigna de “abrazos no balazos”. Lo que hoy se observa es la implementación de un proyecto fuerte, robusto, y sobre todo, eficiente y efectivo, diseñado para asestar golpes contundentes a las estructuras criminales en todo el país.
La designación de García Harfuch, conocido por su trayectoria y resultados en la Ciudad de México, no fue casualidad. Su llegada al ámbito federal responde a la necesidad imperante de revertir la percepción de ineficacia y la creciente audacia de las organizaciones criminales. Su propuesta a la Presidenta Sheinbaum Pardo se basa en una estrategia integral y multidimensional, que ya empieza a arrojar resultados visibles, palpables y sustentables para la ciudadanía a lo largo y ancho del territorio nacional.
Uno de los pilares de esta nueva ofensiva es el combate frontal a los flujos financieros y operativos de las mafias. Atrás quedaron las aproximaciones que, de alguna manera, parecían minimizar la necesidad de una confrontación directa. Hoy, la mira está puesta en debilitar los pilares fundamentales que sostienen la operación del crimen organizado, desde las vastas redes del narcotráfico –con especial énfasis en el fentanilo y la cocaína– hasta delitos de alto impacto económico como el robo de hidrocarburos (“huachicol”). La estrategia no se limita a geografías específicas; se extiende de frontera a frontera, abarcando desde el norte, históricamente azotado por la violencia, hasta las regiones del sur, que enfrentan sus propios desafíos.
Un frente crucial que García Harfuch ha decidido atacar de manera contundente es el derecho de piso y la extorsión, una práctica que asfixia a comerciantes y ciudadanos en todo el país. Esta modalidad delictiva, que somete a los pequeños y medianos empresarios, así como a los habitantes comunes, a una espiral de miedo y pago constante, está siendo confrontada con una estrategia específica que busca desmantelar este brazo extorsivo del crimen organizado. Si bien es una labor de una complejidad enorme, dadas las ramificaciones y la impunidad con la que operaba, los primeros indicios sugieren que la implementación está siendo certera, precisa y concisa.
La diferencia fundamental con el pasado radica en la voluntad política y en la aplicación de inteligencia estratégica en cada operación. La nueva dirección de seguridad nacional bajo García Harfuch no busca únicamente la detención de capos, sino la desarticulación de cadenas de mando y estructuras logísticas y financieras. Se prioriza la información, el análisis y la coordinación interinstitucional para anticipar los movimientos delictivos y actuar con mayor eficacia.
Ciertamente, el camino es largo y los desafíos persistirán en un país con una arraigada problemática de seguridad. Sin embargo, el nuevo rumbo marcado por Omar García Harfuch infunde una renovada esperanza. Su enfoque no solo promete una confrontación más directa y menos complaciente con el crimen, sino que también busca restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. La efectividad de esta estrategia en los meses venideros será determinante para consolidar un México más seguro, donde la ley prevalezca y el “cáncer del crimen organizado” comience su inevitable retroceso.
