El giro del Presidente Donald Trump complica y obliga.
Por: La Palabra Política.
CDMX, 7 de octubre del 2025.
Desde la cumbre del poder en Washington llega un mensaje sin adornos: no habrá pausa, ni concesiones, ni diplomacia blanda frente al narcotráfico. Donald J. Trump no corta ni afloja; actúa con ese pulso que lo define: directo, ejecutivo y, para bien o para mal, implacable. A meses de asumir, el presidente de la potencia más grande del mundo ha convertido la lucha contra los cárteles en una prioridad estratégica de su gobierno —no solo una campaña doméstica— y el eco de esa decisión resuena con fuerza en toda América Latina, con México en el epicentro de la tormenta.
¿Por qué Trump hace de esto un asunto de Estado? Porque el problema que sale de las fronteras mexicanas aparece ya en las comunidades estadounidenses: fentanilo, redes de lavado, tráfico de armas, flujos financieros opacos y, sobre todo, muertos jóvenes en los suburbios. Para la Casa Blanca, esto no es un tema de mera seguridad interna: es una amenaza directa al bienestar de su sociedad y a su estabilidad. Y cuando un presidente define así un blanco, su aparato de inteligencia, fiscal y militar se alinea para actuar.
La estrategia no es solo retórica. Vemos cuatro vectores claros: presión diplomática para forzar resultados; cooperación técnica y operativa con agencias mexicanas; sanciones económicas y arancelarias como mecanismo de presión; y, en casos extremos, acciones extraterritoriales para capturar líderes y desarticular cadenas criminales. Es una política con dientes, diseñada para golpear el problema donde más duele: en la estructura financiera y política que sostiene al crimen organizado.
Para México, la noticia no es cómoda. La encrucijada es clara y profunda. Por un lado está la soberanía, la bandera que todo gobierno en México blande con fervor. Por otro, está la evidencia —la verdad incómoda— de que un problema de seguridad nacional se volvió transnacional cuando grupos criminales empezaron a tejer complicidades en ámbitos que van desde el soborno a funcionarios locales hasta la infiltración en instancias federales. Cuando eso ocurre, la respuesta del vecino del norte es lógica: presionar, exigir limpieza y, si hace falta, actuar sin esperar a la luz verde del otro lado.
Ese choque de lógicas abre varias preguntas incómodas para el gobierno mexicano: ¿hasta qué punto se permitió que el narco penetrara el sistema? ¿Se corrigieron a tiempo las fallas institucionales? ¿Hay voluntad política real para cortar las cabezas criminales y, más importante, para desterrar la red de complicidades que las protegió? La respuesta al público es necesaria y urgente: la casa debe limpiarse y las instituciones deben demostrar que sirven al Estado, no al mejor postor.
El giro de Trump complica y obliga. Complica porque las decisiones que toma Washington generan presiones políticas y económicas que rebotan en la política interna mexicana; obliga porque obliga a actuar con transparencia, rapidez y rigor. Si México responde con reformas visibles, persecución judicial efectiva y controles internos —sin excepciones—, podrá recuperar credibilidad y negociar en términos menos humillantes. Si no lo hace, la paciencia de la Casa Blanca puede agotarse y la intervención estadounidense, ya sea en el terreno diplomático o en el operativo, cobrará mayor intensidad.
Pero atención: esta no es una carta blanca para la injerencia. Hay modos y modos. Un Estado soberano puede y debe aceptar cooperación que fortalezca sus instituciones, siempre que esa cooperación respete marcos legales y no convierta a México en teatro de operaciones extranjeras sin control. La lección para los gobiernos es práctica: la cooperación con Estados Unidos puede ser aliada si se usa para profesionalizar a las fuerzas, transparentar finanzas y romper cadenas de impunidad; será una derrota si permite que decisiones externas sustituyan la responsabilidad del Estado mexicano.
En lo político, el fenómeno también hiere al tejido partidista y social. El fraude, la compra de lealtades y la corrupción erosionan la confianza ciudadana y alimentan la narrativa de intervención extranjera, que algunos gobernantes manipulan para blindarse. Si la Casa Blanca exhibe pruebas, si presenta nombres y documentos, la presión por resultados se volverá irresistible. Entonces surgirán dos caminos: uno de reforma profunda (depuración institucional, rendición de cuentas, Poder Judicial eficiente) o el de la resistencia, el de la bronca política que acabará por resquebrajar al propio gobierno que no actúe.
Trump lo sabe: no solo persigue capos; con los ojos puestos en las finanzas y los nexos políticos, su objetivo es cortar los raíces que permitieron a los carteles convertirse en poder económico y político. No es solo una guerra contra los capos; es una guerra por la gobernabilidad. Y en esa guerra, México tiene que decidir: ¿hacen limpieza real o se arriesga a la intervención directa del vecino que ya no soporta las pérdidas humanas y el mercado de drogas que inunda su país?
Para la sociedad mexicana, esto es una llamada a la vigilancia y a la exigencia. Ya no alcanza con promesas ni con discursos. Los ciudadanos piden instituciones que funcionen, tribunales que fallen con pruebas, fiscalías que no sean cajas de resonancia política y policías que respeten la ley. No se trata de rendir la soberanía; se trata de recuperarla actuando con firmeza y transparencia.
Trump no afloja porque ese discurso le funciona políticamente y porque en su visión el problema merece medidas radicales. Eso altera el tablero regional: países aliados o señalados ya reajustan políticas, firmes en la idea de que solo la acción coordinada puede desactivar al narcotráfico como amenaza transnacional. México está en el ojo del huracán por razones obvias: historia, geografía y grado de penetración criminal.
Se concluye con una idea sencilla, pero dura: la presión de Washington es un espejo que devuelve la verdad al gobierno mexicano. Frente a ese espejo hay dos salidas: mirar con honestidad, cortar con complicidades y reconstruir instituciones; o mirar altivamente y seguir abonando la idea de impunidad. Si elige la primera, habrá dolor y cambios; si elige la segunda, la gravedad de la intervención estadounidense —diplomática, económica o judicial— será proporcional al costo humano que llegue a a territorio mexicano.
En esta nueva era de política hemisférica, Trump ha puesto sobre la mesa la máxima que nadie quiere escuchar, pero todos deben atender: la lucha contra el narcotráfico no es solo un problema binacional, es la guerra por el futuro de nuestras instituciones. Y México, en su propio interés, debe demostrar que está listo para ganarla desde dentro.
